En defensa de los jueces del
caso “Marita Verón”
Por Nicolás Márquez
El delito es una conducta “típica, antijurídica y culpable”. Esta
definición básica y de libro elemental, es la que estudia cualquier alumno
universitario al cursar derecho penal. Para condenar a un imputado, es
necesario entonces que su conducta comprobadamente se encuadre en todos y cada
uno de los requisitos y elementos que requiere cada delito en su artículo
respectivo.
En un país donde el Estado de derecho es una entelequia, abocarse a
analizar sentencias es una tarea fatídica. Los entuertos judiciales, las
burocracias administrativas, las inacabables impugnaciones, los recursos de los
recursos, las presiones políticas, las agitaciones mediáticas, las “chicanas”
de los abogados de las partes, y además, todas las inacabables reglamentaciones
contempladas en los códigos de procedimientos hacen del derecho y de la
justicia una actividad imprescindible pero kafkiana (máxime en aldeas de quinto
orden como lo es la destartalada Argentina kirchnerista).
Esta breve introducción viene a comento, con motivo del insólito
escándalo sucedido en el multimediático caso “Marita Verón”, en el cual los
jueces, en una sentencia compuesta por 600 fojas, decidieron absolver a los 13
imputados.
De inmediato, el propietario de la Provincia de Tucumán, José Alperovich
y luego su jefa Cristina Kirchner, se reunieron sucesivamente con la polémica
Susana Trimarco (madre de la víctima), ofreciéndoles su “apoyo” para impulsar
juicio político a los jueces del Tribunal. ¿Con qué argumentos se decidió tal
cosa?, absolutamente con ninguno, porque recién los fundamentos del fallo se
dieron con posterioridad (hace exactamente dos horas al momento de escribir
esta nota se le entregaron a las partes un CD con 600 fojas) y aún así, habría
que estudiar detenidamente todo el expediente (al que se le suman las
mencionadas 600 fojas resolutivas) en el cual hay que tomar nota en todos y
cada uno de los 13 casos absueltos y a la vez, dar un fundamento jurídico y
técnico para sostener cuáles serían “las impurezas” del fallo que ameritaría
enjuiciar a los Magistrados.
Los abogados tucumanos saben y les consta que los jueces de ese tribunal
son incorruptibles y que el fallo es jurídicamente impecable, aunque
políticamente incorrecto. Pero hete aquí que un fallo sólo puede ser
políticamente incorrecto o inconveniente cuando la política invade al poder
judicial, caso contrario, lo único que debería importar en una sentencia es si
la misma se ajusta o no a derecho, y no si desde el punto de vista del
“marketing” es o no vendible a la opinión pública.
Todo indica que el grueso de los imputados eran personajes de turbia o
pésima reputación. Este dato ha contribuido para alimentar la agitación
política y mediática, pero es un argumento absolutamente antijurídico: ¿acaso
es un fundamento atendible pretender condenar a un imputado no por su vínculo
con el delito investigado sino por su mala fama?.
Pero el asunto vino como anillo al dedo para que Cristina Kirchner
pidiera un juicio político en función de una sentencia judicial que no conoce y
a la que encima intenta entremezclar con el inacabable melodrama de la
“cautelar de Clarín”, pretendiendo así transpolar, confundir y enlodar a todo
el Poder Judicial (como si un asunto tuviese relación con el otro) y bramar a
los cuatro vientos una “democratización de la justicia”. ¿Pretenderá con esto
institucionalizar la praxis kirchnerista consistente en “escrachar” jueces
insumisos en los intervalos proselitistas del costoso “Fútbol Para Todos”?.
Como si estas sórdidas piruetas no bastasen para advertir los oscuros
propósitos del oficialismo, la viuda Kirchner en diligente gesto de oportunismo
político le ordenó a “su” Congreso ipso facto debatir y aprobar la “Ley
de Tratas”, cajoneada y aletargada por el mismísimo bloque kirchnerista desde
hacía ya varios meses tras haber obtenido media sanción en el Senado.
Al igual que Cristina y los alcahuetes que le hacen coro, quien suscribe
no ha leído las 600 fojas de la resolución dadas a conocer hace minutos. Por
ende, no existe argumento alguno para aplaudir o maldecir la sentencia o a
quienes la firmaron. El único dato comprobadamente verdadero, es que esos
jueces obraron despojándose del servilismo, el arribismo y la dependencia para
con el poder central. En efecto, desde el punto de vista humano: ¿qué siente un
Juez ante la falta de pruebas al decidir absolver a una persona cuando a la vez
sabe que los medios, el Gobernador y la Presidente luego le van a saltar a la
yugular?; ¿puede sentenciar con tranquilidad?; ¿no le resultaría más fácil a
los jueces ahora atacados condenar a un puñado de “perejiles” y así no sólo
salvar su pellejo sino negociar un ascenso?
En una escala de 1 a 10 (donde uno es dependencia absoluta y 10
independencia absoluta) en el ranking mundial de “Independencia Judicial” la
desacreditada Argentina kirchnerista apenas araña dos puntos y ocupa hoy el
vergonzoso lugar número 116[1] de la tabla junto a Camerún,
Nicaragua y Bolivia. ¿Más dependencia judicial quiere el oficialismo todavía
para seguir bajando en la escala?
Luego cabe preguntarse: ¿qué autoridad moral y jurídica tienen los
“democratizadores de justicia” cuándo ya la han puesto de rodillas y
desprestigiado a nivel mundial? De sobra se sabe que Néstor Kirchner como
abogado fue un prepotente cobrador de morosos y Cristina Kirchner, a pesar de
su auto-elogiada condición de “abogada exitosa”, jamás pudo demostrar la
autenticidad de su título universitario. Esta falta de exigencia y pretensiones
académicas quizás nos explique por qué ella misma puso tanto empeño en imponer
al falsificador de currículum Daniel Reposo como Procurador General de la
Nación, cargo que había quedado vacante tras el atropello kirchnerista a
numerosos funcionarios judiciales para salvar al VicePresidente Amado Boudou
por la bochornosa causa Ciccone.
¿Este es el perfil de los pregoneros y encargados de “renovar” y remover
al aparato judicial urbi et orbe?, ¿para reemplazarlo con qué juristas? Ya
conocemos cuál es el perfil de los actuales jueces kirchneristas, que no son
jurisconsultos calificados sino escandalosos arrendatarios de burdeles,
obedientes archivadores de causas y filmográficos accionistas de prostíbulos
sodomíticos.
En síntesis, al igual que los opugnadores, no conocemos el fallo ni la
historia de los jueces tucumanos hoy perseguidos, pero si Alperovich y Cristina
los quieren remover, entonces existe la duda razonable de que los mencionados
jueces se ajustaron a derecho y obraron como funcionarios probos.
Fuente: La Prensa Popular | Edición 167 | Jueves 20 de
Diciembre de 2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario